Este sitio emplea cookies de Google para prestar sus servicios, para personalizar anuncios y para analizar el tráfico. Si continúa navegando, se sobreentiende que aceptas el uso de cookies. OK | Más información

EXPULSIÓN POR ANTECEDENTES PENALES

Definición:

La Expulsión por la tenencia de antecedentes penales, vía Artículo 57.2 de la LO 4/2000, se impone al extranjero que haya sido condenado (dentro o fuera de España), por un delito doloso que imponga pena privativa de libertad superior a un año, salvo que dichos antecedentes penales hubieran sido cancelados.

Además de la Expulsión, se impondrá una prohibición de entrada que afecta a España y al resto del espacio Schengen (Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Polonia, Portugal, República Checa, República Eslovaca, Suecia y Suiza), así como la extinción de la Autorización de la que sea titular el extranjero.

Situación del extranjero:

Para que el extranjero se pueda ver afectado por este tipo de Expulsión es necesario que conste una condena penal derivado de una actuación dolosa y que la pena prevista sea de prisión superior a un año. No importa que el extranjero sea o no residente legal en España para la incoación de este tipo de Expulsión.

Características:

Cabe destacar como aspectos más destacados de esta Expulsión los siguientes:

  • Según jurisprudencia consolidada, este tipo de Expulsión no tiene la consideración de sanción, sino más de una medida prevista en la Ley de Extranjería.
  • Se puede aplicar tanto a extranjeros en situación irregular como a residentes legales.
  • Es imprescindible que el delito en cuestión del que deriva la Expulsión se haya cometido de manera dolosa y tenga prevista como sanción la pena privativa de libertad superior a un año.
  • Además de la Expulsión de España, conlleva aparejada una prohibición de entrada en territorio español y en el resto del espacio Schengen de 3 a 5 años. Cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública se podrá imponer una prohibición de entrada de hasta 10 años.

Derechos:

En todo expediente de Expulsión se reconoce al extranjero los siguientes Derechos y garantías jurídico-procesales:

  • Derecho a la asistencia letrada, que será gratuita en las mismas condiciones que para los españoles.
  • Derecho a un intérprete, si el extranjero no comprende el idioma.
  • Derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el Artículo 24 de la Constitución.
  • Derecho a recurrir la sanción de Expulsión, tanto en vía administrativa como en vía judicial.
  • Derecho a la no devolución (non-refoulement), derivado del Derecho a solicitar Protección Internacional y en relación con la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.
  • Derecho a que se comunique a las autoridades consulares del país del extranjero el inicio del Expediente de Expulsión, la detención, internamiento en un CIE y la Resolución de Expulsión.

Medidas Cautelares:

Durante la sustanciación del procedimiento de Expulsión, y con el fin de garantizar la ejecución de la medida de Expulsión, se podrá decretar alguna de las siguientes medidas cautelares:

a) Presentación periódica del extranjero ante la autoridad que se decrete.

b) Residencia obligatoria en determinado lugar.

c) Retirada del pasaporte o equivalente.

d) Detención cautelar por un período máximo de 72 horas previas a la solicitud de internamiento en un CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros).

e) Internamiento en un CIE, previa autorización judicial.

f) Cualquier otra medida cautelar se estime adecuada por un juez.

En todo caso, si el procedimiento aplicado es el Ordinario, se podrá acordar cualquiera de las medidas expuestas excepto el internamiento en un CIE (en plazo de salida voluntaria).

Resolución y efectos jurídicos:

Decretada la medida de Expulsión, la misma será notificada al extranjero, o en su caso, al letrado habilitado en el procedimiento.

Además de la Expulsión de España, conlleva aparejada una prohibición de entrada en territorio español y en el resto del espacio Schengen de 3 a 5 años. Cuando el extranjero suponga una amenaza grave para el orden público, la seguridad pública, la seguridad nacional o para la salud pública se podrá imponer una prohibición de entrada de hasta 10 años.

Ejecutividad:

La Resolución que acuerde este tipo de Expulsión, impuesta generalmente a través del procedimiento Preferente de Expulsión, será inmediatamente ejecutable. Si no pudiera llevarse a cabo, se podrá solicitar el internamiento en un CIE hasta que la misma pueda hacerse efectiva, hasta un plazo máximo de 60 días.

807 402 024 - Asesoramiento jurídico telefónico